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Desamparo de las Víctimas de Violencia de Género a raíz de la reforma de la Justicia Universal

Recientemente un juzgado ha dictado un Auto conteniendo un orden de protección y acuerda emitir una orden europea de protección para dirigirla a las autoridades judiciales francesas.

Varias son las cuestiones que desde el punto de vista legal y procesal ha suscitado esta decisión.

Primero de todo conviene recordar que la normativa española ha sufrido un cambio que aunque pudiera pasar desapercibido, en la práctica ha generado un caos tremendo. Me estoy refiriendo a la que  pueda afectar a ciudadanos españoles residentes en otro estado europeo y que puedan ser víctimas de violencia de genero y quieran recabar el auxilio judicial de su país de origen.

Ni que decir tiene recordar que la normativa de protección a las víctimas de violencia de género en los estados de la unión es diferente de un país a otro.

La reforma sufrida por la LOPJ en marzo del año pasado concretamente a través de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, ha introducido una importantísima novedad a este respecto por cuanto el artículo 23.4 queda redactado de la siguiente manera:

También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

l)Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo

de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que:

1.º el procedimiento se dirija contra un español;

2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; o,

3.ºel delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento decomisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual enEspaña, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España

 

Dicho lo anterior conviene seguir leyendo el articulado para llegar a su apartado 6 que nos previene

«6.Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán

perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.»

En la práctica, resulta cuanto menos sorprendente la delimitación competencial que el legislador ha establecido al instructor en estos supuestos, y mas teniendo en cuenta que muchos vecinos nuestros van y vienen de un país a otro a diario estableciendo de este modo su residencia efectiva en ambos países, habitualmente por proximidad de localidades tras-fronterizas, como en nuestro caso ha ocurrido, y por cuestiones laborales o de otra índole y que por capricho legislativo se ven abandonados de la protección adecuada que estas situaciones se merecen.

 

De este modo el caos legislativo nos advierte de los riesgos que esto supone, al poder encontrarte con países que no brinden la debida protección a las victimas de violencia de genero o que tu país de origen rehuya entrar a conocer de los delitos acaecidos en el extranjero, unas veces porque no tienen competencia al respecto otras veces porque son hechos que se han de investigar en el lugar de la comisión.

 

Lo cierto es que hasta la fecha, la denuncia interpuesta en el juzgado de violencia de genero más próximo a la localidad fronteriza  de otro país miembro, va a encontrar obstáculos por los motivos anteriormente expuestos. Y es que así lo ha querido el legislador con la reforma indicada y salvo que alguno de los hechos se haya cometido en el partido judicial del juzgado o exista residencia de la victima en territorio nacional, insisto salvo que esto sea así, que delimite la competencia objetiva de los juzgados de violencia, tendrá que entrar a conocer de ello la AN.

Y es que así nos lo ha recordado el TS por Auto de 19 de diciembre de 2.013

 

“La cuestión de competencia negativa planteada debe ser resuelta como propugna el Ministerio Fiscal ante esta Sala a favor del Juzgado Central, se trata de decidir si la competencia para conocer sobre hechos consistentes en mal trato físico, amenazas, injurias y/o vejaciones injustas cometidos en el extranjero por un ciudadano español contra una ciudadana española corresponde a los juzgados locales o a los Juzgados Centrales de Instrucción

El artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , incorporado por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, dispone que “en el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima…”

Por otro lado, el artículo 23.2 de la LOPJ fija un criterio de extensión de la jurisdicción española respecto de delitos cometidos en el extranjero por españoles, siempre que concurran las condiciones previstas en el precepto

De las resoluciones que obran en autos se desprende que: 1. Agresor y Víctima son ciudadanos españoles; 2. Ambos residen en Francia, y 3. La víctima ha presentado denuncia en los Juzgados españoles por delitos cuya competencia, en principio, correspondería a los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

La LO 1/2004 estableció un criterio específico de determinación de la competencia para conocer de delitos, entre los que se encuentran el de malos tratos, atribuyéndosela a los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Pero, esa regla presume la previa existencia de jurisdicción y la LOPJ, extiende la jurisdicción española a los delitos cometidos por españoles en el extranjero, cuando se den las condiciones que se preveen en el citado precepto y otorga ésta a los Juzgados Centrales.

 LA SALA ACUERDA :

Dirimir la cuestión de competencia negativa planteada otorgando la misma al Juzgado Central de Instrucción”

 

A todo ello hay que añadirle, como anteriormente he indicado, el plus de tener que presentar querella y verte solo en la fase de instrucción, salvo que el Ministerio Público quiera acompañarte.

 

Hay que reconocer el esfuerzo de nuestros juzgados a la hora de brindar la debida protección con todas las garantías, teniendo en cuenta las limitaciones expuestas. En el caso que nos ocupa, decide continuar con la instrucción, planteando previamente la inhibición a favor delos juzgados centrales, pero continuando con ella hasta la la misma se resuelva. Y es que es en esta fase donde podemos y debemos, insisto, podemos y debemos usar de todos los medios a nuestro alcance para conseguir la debida protección que la víctima necesita solicitando las oportunas medidas.

 

Quiero recordar que recientemente ha entrado en vigor la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que en la práctica desconocemos por su novedad la utilidad que tendrá. No obstante ello, y las dificultades burocráticas que el reconocimiento por un país miembro de una decisión de otro país puede tener, se ha puesto en práctica por el un juzgado, siendo la primera Orden de protección europea que se tramita por el mismo. Varias cuestiones, me indican desde el propio juzgado han de tenerse en cuenta, que entorpecen de partida su tramitación, primero de todo su elaboración en la que han de participar traductores, su confección  y exquisito cumplimiento de cuestiones burocráticas y segundo y fundamental reconocimiento por parte del país receptor. En definitiva un repaso de la ley nos alerta de sus complicaciones ante medidas que requieran la premura como la que nos ocupa.

 

Quiero recordar desde estas lineas las indicaciones que desde el juzgado nos dan en el sentido de alertarnos que estamos ante algo muy novedoso y que quizá pudiera darnos una falsa sensación de seguridad el disponer de de una Orden europea de protección residiendo en el país receptor. Siempre es bueno avanzar en estas cuestiones pero tenemos que dar un voto de confianza, con los riesgos que ello supone y permitir a la ley que vaya desplegando sus efectos.

Igualmente animar, a pesar de esta novedad legislativa, a ser cautos y solicitar el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y el auxilio judicial cuantas veces sea necesario ante tamaña lacra social.

 

 

 

Victor M. Nieto Ramos

-abogado-

 

Miembro del bufete de abogados i16 abogados. San Sebastián. Gipuzkoa.

 

NORMATIVA: Lecrim 544 – LOPJ 23

  1. 23 20 nov 2014 Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

 

Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal

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Despido de Trabajadora

 

El despido de una trabajadora antes de cumplirse los nueve meses tras el parto sólo puede ser declarado nulo o procedente

No cabe la declaración de improcedencia en el caso de un despido de una trabajadora antes de transcurrir nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo. En este caso, se aplica exactamente la misma protección que a las embarazadas, por lo que si se lleva a cabo su despido, éste sólo puede ser declarado nulo o procedente (sent. del Tribunal Supremo de 23.12.14, en unificación de doctrina).

Una trabajadora que prestaba sus servicios como asesora técnica, a través de varios contratos de obra (primero formalizados con una contrata y los últimos directamente con la empresa), estuvo de baja maternal. Tras finalizar, se reincorporó a su puesto y ocho meses después se le comunicó la extinción de su contrato por finalización de la obra o servicio. La trabajadora demandó por despido a la empresa, al entender que el contrato de obra era fraudulento.

En ninguna de las instancias se pone en duda que se trata de un despido (y no de una finalización de contrato temporal) al ser fraudulento el contrato de obra. Sin embargo, aunque tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia declararon la improcedencia del despido, no lo entiende así el Tribunal Supremo.

Independientemente de que exista o no discriminación y de que la razón de la extinción no esté relacionada con el hecho de la maternidad, el Tribunal Supremo entiende que no cabe la declaración de improcedencia al determinar expresamente el Estatuto de los Trabajadores, y sin lugar a dudas, que “será también nulo el despido en el caso de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo”. El despido en estos casos sólo puede ser declarado nulo o procedente, pero no cabe la improcedencia.

Y en este caso concreto, puesto que desde la fecha de la baja por maternidad (3 de octubre) hasta la de despido (13 de junio) no han transcurrido nueve meses (en concreto, han transcurrido ocho meses y diez días), el despido es nulo. Por tanto, el Supremo condena a la empresa a la inmediata readmisión de la trabajadora y a abonarle los salarios de tramitación correspondientes.

En definitiva, el Tribunal Supremo entiende que la norma sobre el blindaje durante los nueve meses posteriores al parto no admite ninguna interpretación, ni amplia ni estricta. Por tanto, si no han transcurrido nueve meses desde la fecha de nacimiento hasta la extinción, el despido será declarado nulo (salvo que pueda acreditarse la procedencia), con independencia del tiempo que quede hasta el cumplimiento de los nueve meses.

 

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Alquiler de habitaciones y Ley de Arrendamientos Urbanos.

¿Está sujeto el alquiler de habitaciones a la Ley de Arrendamientos Urbanos?

Ésta no ha sido una cuestión pacífica y a lo largo del tiempo ha recibido respuestas diversas.

El artículo 2.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos considera que el arrendamiento de vivienda regulado por la misma es aquél “que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

¿Ha de ser el objeto de ese arrendamiento una edificación habitable completa?

Nada se dice en la ley al respecto.

De la misma manera que la L.A.U establece de qué arrendamientos se ocupa, su artículo 5 establece una serie de arrendamientos que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la misma y entre los cuales no aparece el arrendamiento de habitaciones.

Dicho esto, si la L.A.U. no excluye expresamente el alquiler de habitaciones de su ámbito de aplicación ni exige expresamente que recaiga sobre edificaciones completas ¿Por qué los juzgados no permiten entonces a los arrendatarios disfrutar del régimen protector que les otorga esta ley aún cuando satisfagan su necesidad permanente de vivienda?

Como muestra de la corriente jurisprudencial de esta opinión la sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 4.ª, de 8 de mayo de 2008 que considera que “Ese concepto de habitabilidad no puede predicarse del objeto arrendado en el supuesto enjuiciado, que se ciñe a una dependencia o habitación ubicada dentro de una vivienda, carente de los servicios mínimos y esenciales que en la actualidad deben reputarse imprescindibles, y que sólo resultan suplidos por la concesión del derecho a utilizar en forma compartida, no en exclusiva, otras dependencias de las que simultáneamente se sirven los restantes ocupantes de la vivienda, como son la cocina y el baño

Nos encontramos con que el estado decidió en su día promulgar una legislación que protegía a los inquilinos sacando los arrendamientos de vivienda del régimen general de los contratos del Código Civil para que posteriormente las sentencias privaran de esa protección legal a los inquilinos más débiles; aquellos que no se pueden permitir arrendar una vivienda entera.

Parece que a quien no tiene más remedio que vivir en una habitación alquilada carente de los servicios mínimos y esenciales que en la actualidad deben reputarse imprescindibles se le castiga por ello privándole de derechos como la prórroga legal forzosa.

Si bien actualmente es ésta la interpretación preponderante, ha habido opiniones contrarias. Ejemplo de ellas es la sentencia Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, sec 1º, de 18 Enero 2008 que extractamos a continuación.

Partiendo de lo expuesto, debe continuarse indicando que de lo actuado resulta la existencia de un contrato de arrendamiento de habitación, y respecto a si el mismo debe estimarse comprendido en las disposiciones de la Ley de Arrendamientos o fuera de las mismas al considerarse que el caso ha de regularse por las normas del Código Civil sobre los arrendamientos que pudieran denominarse ordinarios conforme a la disciplina comprendida en los artículos 1.542 y siguientes de dicho Texto Legal, esta Sala se inclina por la primera solución, y basa su criterio en los dos siguientes argumentos: en primer lugar y sobre todo, atendiendo a los propios preceptos contenidos en la legislación especial, como es por ejemplo, cuando dice que el objeto de la Ley está constituido por las fincas urbanas que se destinen a “vivienda”, entendiendo por tal una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, comprendiendo también sus espacios accesorios, y nada respecto al particular señala sobre si el contrato ha de recaer sobre una vivienda íntegra o sólo parte de ella, y; en segundo lugar, y tampoco puede ser argumento digno de desatención, porque de la forma indicada lo viene sosteniendo por lo general la Jurisprudencia menor que viene conociendo de estos juicios, y en este sentido son de citar las Sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid de 30 de abril de 1997, de Vizcaya de 30 de junio de 1998, de Asturias de 30 de junio de 2004, de Asturias de 7 de septiembre de 2005, de Lugo de 5 de diciembre de 2005”

¿Por qué hacen los tribunales esa distinción entre “alquileres totales y parciales” que no hace la ley?

¿Por qué se desprotege precisamente al arrendatario más necesitado de protección?

Estas cuestiones, especialmente ante la situación socieconómica actual, deberían ser resueltas lo antes posible por el legislador.

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DEPORTES DE MONTAÑA: ¿DESREGULACIÓN O EXCESO DE CONFIANZA?

Llega el verano y con ello las actividades en la naturaleza parece que se acentúan. Un claro ejemplo lo vemos en las salidas montañeras, prácticas de barranquismo, escalada, btt y un sinfín de actividades que con el sol y más horas de luz no dudamos en practicar.

Aquellos que compartimos esta afición en la que me declaro amante apasionado a veces descuidamos cuestiones tan importantes como nuestro equipo de seguridad.

Recientemente pude asistir a una jornada organizada por la Federación Vasca de Montaña, en la que el profesor Jose María Nasarre, en una entretenida exposición, didáctica y apasionada nos alertaba de las consecuencias civiles que los accidentes en la montaña pueden acarrear. No dude lo más mínimo en adquirir su libro de la editorial Desnivel “Responsabilidad civil en los deportes de montaña y actividades en la naturaleza”. Un completo compendio de sentencias relacionadas con accidentes en la montaña analizando los elementos fundamentales a tener en cuenta para evitar sorpresas indeseables.

El problema que se plantea es complejo por multitud de factores:

1º nuestra cancha de juego, no es un campo convencional de futbol, con instalaciones sanitarias y elementos fijos de seguridad entre otras cuestiones.

2º Habitualmente son espacios abiertos, en plena naturaleza donde los factores de riesgo son múltiples y se incrementan con las condiciones climatológicas.

3º contamos con equipos de seguridad técnicos y avanzados cuyo manejo requiere de un grado alto de aprendizaje. Descuidamos habitualmente que de su buen uso depende nuestra integridad física. Cuantas veces habré protestado por el dichoso casco…, o incluso por entender sobreequipados determinados terrenos…(alto contenido de elementos de seguridad en zonas carentes de exposición)

4º contamos con seguros de responsabilidad civil que habitualmente cubren las necesidades básicas.

Pero, como adelantaba al principio, con la llegada del buen tiempo, ¿bajamos la guardia? Nos alertaba nuestro ponente, con claros ejemplos de las necesidades de extremar las precauciones cuando hacemos partícipes de nuestra pasión a terceras personas sin los conocimientos necesarios. Y es que habitualmente, cuando salimos con los amigos, sobrinos, hijos, familiares y demás allegados a compartir nuestra pasión con ellos, descuidamos algo fundamental: ¿Que ocurre si se produce un accidente en la montaña en la que participamos nosotros como guías o como responsable del grupo por nuestra experiencia y conocimiento? y no me refiero por supuesto a la lamentable desgracia que en lo personal mas no puede afectar, sino y siendo más claro todavía con un ejemplo ¿Que consecuencias legales tiene el accidente mortal del jovencísimo Tito Traversa?

Cayó hasta el suelo debido a que las cintas que usó tenían pasado el mosquetón solo por la goma antigiro. El juez que instruye el caso ha accedido a su difusión a modo de advertencia.

Nuestro derecho, salvadas las responsabilidades penales, ofrece poca regulación civil y en su mayoría las respuestas son construcciones jurisprudenciales, pero no por ello poco acertadas y llenas de sabiduría.

A destacar y tener en cuenta los siguientes elementos necesarios utilizados por los jueces para derivarse responsabilidades: acto ilicito, daño y nexo causal.

Acto ilicito: comportamiento dañoso, que puede consistir en una acción o en una omisión dañosa. Cuando existe relación contractual no parece haber dudas al respecto, alguien incumple lo acordado y punto. Pero cuando no existe esta relación? vendrá dado por el incumplimiento de la obligación de guardar un determinado comportamiento frente a terceros. Siguiendo el caso anterior, Tito de 12 años, escala una vía para que físicamente estaba sobradamente cualificado. En el descenso cae, sufriendo un grave accidente y falleciendo al poco tiempo. Causas: mala colocación de los elementos de seguridad. Se adelanta en la noticia que no llevaba casco.

Con estos elementos se pueden adelantar algunas conclusiones. Su padre se pregunta “¿Por qué nadie, incluyendo a los adultos, comprobó el material? Alguien tendrá que darme una explicación”.

Daño: en el caso referenciado, lesiones mortales. Pero no es tan claro en otras situaciones, por lo que la idea es que sea un daño cierto y actual descartandose los hipotéticos y futuros. Es el perjudicado o sus herederos quienes habrán de probar la realidad del perjuicio sufrido.

Nexo causal: o relación de causalidad entre la conducta del agente y el daño causado. Será el juez quien aprecie la relación a buen criterio.

Mosquetón pasado solo por la goma, la causa del accidente de Tito Traversa.

Consecuencia de su mala colocación es su funcionamiento erroneo. El mosqueton ha de pasar por el interior de la cinta al igual que lo hace su hermano. Colocación erronea del mosquetón en la cinta. La goma solo cumple la función de evitar el movimiento o cimbreo del mosqueton evitando giros del mismo a posiciones erroneas.

Se adelantan muchos elementos a tener en cuenta en supuestos de responsabilidad civil. “Diligencia”, en palabras del Tribunal Supremo…”la presunción de culpa únicamente desaparece cuando las personas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño…” ó “hay falta de diligencia en quien no pone los medios adecuados para evitar el daño teniendo en cuenta la naturaleza que se estaba llevando a cabo”, elemento de culpa.

 

La asunción del riesgo y la culpa exclusiva de la victima sirve como causa de exoneración, pero no hay duda que cada situación dará pié a una serie de elementos a valorar, cargas probatorias, y sobre todo, cuando de menores se trata…mostrar una Diligencia Irreprochable.

El autor practicando escalada

Por último, recordar la necesidad de tener contratados nuestros seguros de accidentes que incluyan las responsabilidades civiles, y del que nuestras federaciones toman muy buena nota.

Disfrutemos de la montaña considerando sus riesgos y sin bajar la guardia.

 

Victor Nieto

Licenciado en Derecho

abogado y miembro del despacho i16abogados

www.i16abogados.com

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